«Pedimos la tierra para vivir y nos mandan a la policía»

Los vecinos del barrio popular «2 de Enero» expresaron su repudio a lo que consideraron una «cobarde intimidación» del Fiscal, Guillermo Sacco, quien en la mañana de este jueves realizó un relevamiento de las familias que viven en la ocupación de tierras iniciada en el mes de Enero del año pasado.

«Repudiamos y denunciamos la cobarde intimidación perpetrada el día de hoy por el fiscal Guillermo «Topadora» Sacco y una fuerza de choque policial en el barrio 2 de enero. Exigimos la urgente intervención del Estado municipal para dar respuestas de política pública a la crisis habitacional», inicia el comunicado dado a conocer ayer por la Mesa de los Barrios Populares de Viedma.

Se agrega que «la masiva y pacífica movilización de los barrios populares de Viedma ha puesto nerviosos a los intereses del negocio inmobiliario que lucra con la necesidad de la gente, y al municipio que elige en las últimas semanas la judicialización de la problemática de la tierra».

Según se detalla «en la mañana de hoy se presentó el fiscal Guillermo Topadora Sacco en el barrio 2 de enero con una orden antedatada hace tres semanas. Ese apodo se lo ganó entre lxs vecinxs luego que, en agosto del año pasado, pasara con una topadora municipal por encima de las viviendas de decenas de familias y a centímetros de una cama donde descansaba una niña. El fiscal Topadora, sensible a los manejos del negocio inmobiliario especulativo, quiere mostrarse siempre listo para meter miedo en nombre de sus patrones. Violentando los derechos de la población de la ciudad, el fiscal usa el Ministerio para garantizar negocios de los que pareciera formar parte, con tono soberbio de matón de maceta, como muestran los videos que produjeron lxs propixs vecinxs».

«Responsabilizamos también al municipio de la reacción criminalizadora. No es posible que el Secretario de Gobierno Marcos Castro recorra todos los medios señalando a quienes quieren tierras para vivir como delincuentes y a la construcción de los barrios populares como un delito, sin que, cómo consecuencia de ello, se produzca la reacción del fiscal Topadora o cualquier otro dispuesto a meterle miedo a lxs vecinos y a criminalizarlos. Llamamos al municipio a asumir la solución política que requiere la demanda de familias excluidas del derecho a la tierra y la vivienda digna», indican los vecinos.

Mientras agregan que «las vecinas y los vecinos sabemos que unirnos, organizarnos y luchar por nuestros derechos no es un delito y la tierra no es una mercancía. Queremos la tierra para vivir con dignidad y no van a asustarnos. Al contrario, seguiremos adelante en unidad todos los barrios populares hasta que nos reconozcan como parte de la ciudad».

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