Solicitan que Fiscales y Defensores se capaciten en derecho indígena

Ante el desconocimiento demostrado por la Fiscalia de Bariloche en la causa por desalojo de la Comunidad Buenuleo, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI) solicitó al Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, que se lleve adelante una capacitación sobre Derecho Indígena, destina a Fiscales y Defensores.

Asimismo, se le solicitó mediante una nota, se considere la creación de una Fiscalia especializada en derechos de los pueblos indígenas.

«El objetivo es que los fiscales puedan desempeñar con solvencia el rol que deben cumplir en la administración de justicia», señala el pedido de la AADI.

Fernando Kosovsky, referente de la Asociación, remarcó que «cuando se dio el caso de la comunidad Buenuleo, tuve la oportunidad de escuchar el audio de la alocución del Ministerio Público Fiscal y nos tomó por sorpresa el nulo conocimiento de los conceptos elementales del derecho de los pueblos indígenas para su aplicación en el litigio y la argumentación que el litigio exige».

El abogado detalló que «en el Derecho Penal tenemos en juego la libertad de las personas y cuando se trata de pueblos indígenas nos llama la atención que un Fiscal de la provincia esgrima su arte del litigio de una manera tan poco capas de mostrar el conocimiento que podría tener de la legislación vigente».

A modo de ejemplo, Kosovsky explicó que «el Fiscal planteó que una comunidad no existía al momento de otorgársele a la familia Buenuleo derechos sobre el predio y por lo tanto no tiene ningún derecho colectivo como comunidad, porque al momento de otorgarse los derechos a fines del siglo XIX, principios del Siglo XX a Buenuleo, ellos no tenían un reclamo como propiedad comunitaria indígena».

En este sentido, consideró que «esto es tener una visión estática de la historia, que está prohibida, porque la cultura del pueblo mapuche no sólo que ha evolucionado, sino que es desconocer que fue suprimida por medio de la violencia y la fuerza militar y que en ese momento los derechos colectivos del pueblo, como sujeto colectivo, habían sido anulados y negados por el Estado Argentino».

«Es insultante para los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo reconocimiento en la Constitución es una reparación histórica, que el Fiscal venga a plantearnos en el Siglo XXI que no hay protección constitucional -cuando se reconoce la pre existencia de los pueblos indígenas- porque al momento de reconocércele a Buenuleo derechos sobre el territorio en Bariloche, no estaban conformados como comunidad», manifestó Kosovsky.

Además, es «desconocer que el concepto de comunidad indígena fue introducido en el año 1994 como un concepto genérico para reconocer a todos los colectivos indígenas como sujetos de derechos, expresión de los distintos pueblos indígenas».

«Es decir se tiene el concepto pueblo que representa una etnia, en este caso la Mapuche, y después están dentro de ese pueblo los distintos colectivos, las distintas expresiones, que son las comunidades, es decir, grupos de distintas familias bajo una concepción de control del territorio y se agrupan bajo forma de comunidad».

«Entonces no es una exigencia razonable pretender que la comunidad creada o registrada la propiedad comunitaria indígena al momento en que se le reconocen derechos, sino que la categoría de derecho indígena que interesa es el derecho de ocupación tradicional, que no tiene que ver con el tiempo que ha ejercido ese sujeto vínculo con el territorio, sino el tipo de vínculo que ha tenido y cómo se ha asentado en ese territorio», detalló el abogado. Mientras añadió que «ese vínculo está protegido en el artículo 13 del Convenio 169 de la OIT, y por la Constitución Nacional desde el año 1994, cuando se reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan».

«Entonces cuando se habla de esas categorías, no se puede bajo ningún punto de vista entender que un reconocimiento de un derecho individual a uno de los miembros de esa comunidad implica anular o contravenir que exista un derecho de ocupación tradicional. Al contrario, la pauta que haya habido un reconocimiento a miembros individuales es una fuerte presunción de que el colectivo indígena estaba en ese lugar haciendo ocupación tradicional, por lo tanto, incluso ante la duda debe prevalecer el reconocimiento del derecho y no su privación», remarcó Kosovsky.

El representante de la AADI, consideró que «los fiscales de la provincia de Río Negro no pueden desconocer que la ley vigente en materia de pueblos indígenas debe tener una interpretación coherente con los tratados internacionales de derechos humanos y hacen una interpretación contraria a esos tratados».

Finalmente, Kosovsky manifestó que no es la primera vez que se intenta introducir la temática en el ámbito de la Procuraduría.

Al respecto, recordó que «el año pasado en ocasión del Segundo Congreso de Derecho Constitucional y Derecho Indígena invitamos especialistas de Canadá, que vinieron del Ministerio Público de Ontario y de Universidades, y yo me comuniqué con el Procurador, pero lamentablemente el dr. Crespo no acusó recibo de la propuesta de tener un encuentro con los fiscales jefes de la provincia de Río Negro en ocasión de estar estos especialistas en el país y poder tener contacto con experiencias de cómo se están manejando los conflictos penales, porque en Canadá también hay gasoductos, extracción de recursos, y ver cómo se están manejando desde el punto de vista del derecho de los pueblo indígenas los conflictos que se superponen con hipótesis de casos penales».

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