La Ley de Barrios Populares: una lucha histórica en búsqueda de la justicia social.

por Julián Arribas

El miércoles 17 de octubre se aprobó en la Cámara de Senadores de la Nación la Ley de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, popularmente conocida como Ley de Barrios Populares. La misma ha tenido un gran respaldo en ambas Cámaras, pero no estuvo exenta de debates encontrados en el ámbito de las organizaciones sociales, los partidos políticos, las ONG y en el espacio académico.

Para entenderla, recuperaremos la historia reciente que culmina parcialmente con la promulgación de esta ley, como así también algunos de sus puntos más importantes que hacen a la discusión de fondo.

Argentina cuenta con una larga tradición de lucha de los vecinos y vecinas para poder acceder a la tierra urbana, la vivienda y el hábitat. En 2016 se abrió un nuevo capítulo en este camino donde algunas de las organizaciones de la sociedad civil se han constituido como sus protagonistas, no solo en la agitación de sus reclamos para que los derechos al hábitat digno se materialicen, sino también en la discusión  de las políticas públicas concretas a llevarse a cabo.

Organizaciones como la CTEP, la CCC, Barrios de Pie, Techo y Caritas realizaron durante varios meses un relevamiento de villas y asentamientos, que a principios de 2017 se formalizó por decreto como el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). El Relevamiento otorgo Certificados de Vivienda Familiar a los vecinos, consiguiendo por primera vez el domicilio fiscal y un primer reconocimiento de las viviendas de los barrios populares de parte del Estado Nacional .

La cuantificación de los barrios populares puso en agenda una realidad cotidiana históricamente invisibilizada en nuestro país: 4416 barrios en 24 provincias no tienen las condiciones mínimas de un hábitat digno. Más de tres millones y medio de personas sin servicios básicos, ni propiedad del suelo. El conjunto de barrios constituyen una superficie mayor a dos veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cantidad y las condiciones urbanas no son datos nuevos sino que son parte de un cumulo de problemas estructurales en nuestras ciudades y la información precisa es el primer paso necesario para reconocer socialmente el problema e implementar políticas públicas reparatorias.

La ley recientemente promulgada, en primera instancia declara de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el RENABAP. En segunda instancia “declara de utilidad pública y sujeto a expropiación la totalidad de los inmuebles en los que se asientan los barrios relevados en el RENABAP”. Esto posibilita hipotéticamente tres situaciones posibles. 1) los barrios que se asientan sobre tierras fiscales del Estado Nacional (bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado – AABE), comiencen la inmediata regulación dominial en beneficio de los vecinos; 2) aquellos asentamientos ubicados sobre tierras de dominio privado, el Estado debe iniciar el proceso de expropiación mediante el pago a los titulares dominiales actuales, y así lograr que todas las tierras de los Barrios Populares queden en manos del Estado Nacional, para luego ser transferidas a cada familia que históricamente habita esas tierras; 3) para aquellos barrios donde la tierra posee la titularidad de municipios o provincias, se prevé la firma de convenio para lograr la regularización dominial de los vecinos y comenzar un camino de reurbanización de los barrios. En cualquiera de los tres casos, luego de la titularidad dominial, se establecen convenios con el ministerio de Desarrollo Social de la Nación para iniciar procesos de integración socio urbana de los barrios.

Luego, un punto de suma importancia que ya entro en vigencia inmediatamente luego de la promulgación de la ley es la suspensión por 4 años los desalojos en todos los barrios incluidos en el RENABAP. Este punto tiene un importante impacto sobre la vida cotidiana de los habitantes que, no solo viven en condiciones de precariedad sino que también con la amenaza constante de ser desalojados. Hoy día se establece un promedio de entre 15 y 20 desalojos mensuales en nuestro país.

Dentro de los puntos positivo en este nuevo capítulo iniciado dos años atrás, podemos destacar que tanto el registro de barrios populares plasmado en el decreto 358/2017 y como  la ley en cuestión, fueron gestados en la sociedad civil. Este proyecto nace de la iniciativa de la ONG Techo, Caritas, y las organizaciones sociales CTEP, Barrios de Pie y CCC, fruto de un acuerdo entre ellas y un proceso de incidencia y negociación con el gobierno. El proyecto es un logro de estas organizaciones que califica el trabajo y militancia que venían desarrollando en el territorio.

El segundo punto importante, es su alcance nacional, que es novedad en la legislación de nuestro país constituyéndose como un paso histórico. De esta manera se aborda la totalidad de situaciones de dominio de los asentamientos y podría beneficiar a más del 9% de la población urbana más pobre de nuestro país. Es decir, considera los barrios populares asentados sobre tierras públicas nacionales, provinciales, municipales, como las tierras privadas.

El tercer aspecto destacable es que se define el concepto de Barrio Popular y de integración sociourbana donde se incluye la cuestión de los servicios públicos, más allá del primer paso de regularización domial. Hoy día el principal argumento tanto de los gobiernos municipales, como provinciales y de las empresas prestatarias de servicios públicos para no comenzar procesos de reurbanización que implica infraestructura y la instalación de servicios, es la informalidad del dominio de las tierras.

Un cuarto punto a tener en cuenta es que la ley establece un marco regulatorio para la regularización del título dominial, en donde el Estado no podrá exigir pagos a los vecinos mayores a %20 de los ingresos familiares mensuales. También se establece que el %25 de las obras de infraestructura propias del proceso de reurbanización deberá realizarse por cooperativas de trabajo, en lo posible del mismo barrio en cuestión.

Una fuerte crítica a la ley de parte del circulo académico, es el hipotético peligro que se corre al regularizar los títulos y volcar grandes porciones de tierra al mercado formal, donde el gran capital inmobiliario puede expulsar legalmente a los habitantes de su tierra iniciando un nuevo proceso de exclusión. En este sentido se incluyeron cambios en el proyecto de ley donde se establece que la finalidad de los inmuebles a regularizar no podrá ser otro que el de vivienda única, familiar y de ocupación permanente (contemplando el comercio familiar). Prohibiéndose la transferencia posterior a personas jurídicas.

Dentro de las observaciones que uno puede realizar se destaca que la presente ley omite la inclusión de otras herramientas de regularización dominial existentes que podrían ser más efectivos en términos de reducir el tiempo del procedimiento  y de costo para el Estado, para efectivizar la tenencia legal de la tierra por parte de los vecinos que la habitan.

Como segundo punto a tener en cuenta es que el presupuesto necesario para llevar a cabo esta ley tal cual como esta es sumamente alto. Esta situación claramente se agrava en un contexto de ajuste del gasto público que todo indica que se va a profundizar y la gestión política de un gobierno como el actual que esfuerza sistemáticamente por demostrar ser insensible a la realidad social de los sectores populares.

Si uno sigue hurgando, las ventajas y las criticas pueden ser muchas, pero siempre las políticas públicas y las leyes son fruto de luchas y resistencias que se cristalizan al interior del Estado en un determinado momento histórico. Esta ley, sin la claridad para avanzar y negociar de las organizaciones sociales, no existiría. Ya con su promulgación, si algo está claro, es que se corre el peligro de que se trasforme en letra muerta, si los vecinos y las vecinas no logran seguir y profundizar sus luchas por las condiciones de vida y la reurbanización de los barrios. La ley es un paso al frente que mejora la condición jurídica de más de 3.500.000 de personas que habitan en nuestro país, en términos de estabilidad (suspensión de los desalojos por 4 años) y con la posibilidad de comenzar un camino de nuevas conquistas de derechos en el acceso al hábitat.

Julián Arribas
Movimiento de Trabajadores Excluidos MTE

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *