«Sentimos que nos están cortando las patas con este aumento»

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que sostiene el merendero y comedor «Copita de Leche» en el barrio 30 de Marzo, presentó ante la Justicia Federal una accióon de amparo contra la Secretaría de Energía de la Nación y el ENARGAS, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 15/2019, en que se aumenta un 37 % el precio de la garrafa social, por resultar la misma ilegitima y regresiva.

La presentación estuvo a cargo de Lorena Alan, referente de la CTEP, y el concejal del bloque RÍO Facundo Montecino Odarda.

Alan manifestó que «la garrafa ya no tiene nada de social, porque pagar hoy 400 pesos, no es conveniente para ningún bolsillo de nuestros vecinos». Además, añadió que para el merendero y comedor que funciona en el 30 de Marzo es cada vez más difícil, porque «nosotros podemos usar hasta tres garrafas, y eso que no estamos hablando del invierno donde se cocina mucho más».

«En el invierno será durísimo, cuando sólo hablamos de cocinar, ni pensar en calefaccionarnos».

Respecto de la res de gas, Alan explicó que «si bien es real que pasa la red por la calle, la gente no puede pagar las conexiones ni el matriculado que te cobra 13 mil pesos para la instalación. Es una locura, y uno no llega».

«La verdad es que sentimos que no están cortando las patas» indicó Alan, mientras agregó que «sin gas no cocinamos, no le podemos dar la ayuda a más de 80 personas que vienen al comedor, ni poder darle la merienda a los nenes que vienen los lunes, miércoles y viernes».

El amparo se orienta a favor de todos aquellos que, como el merendero “Copita de Leche”, no disponen aún de una conexión de red de gas, generándose de este modo graves perjuicios rayanos en la discriminación, dado que desde el mismo se brinda el servicio esencial de alimentación comunitaria para los grupos más desfavorecidos de nuestra sociedad, llevando con la inclusión del IVA la garrafa social de 10 kilos a 323,9 pesos, la de 12 kilos a 388,7 pesos y la de 15 kilos a 485,87 pesos, siendo aún mayor el costo en algunos de los barrios más alejados.

Por ello, se solicita de la Jueza Federal de Viedma, Mirta Filipuzzi, dicte una medida cautelar ordenando al Poder Ejecutivo Nacional que garantice el acceso a la provisión de gas envasado en forma adecuada y accesible para todos los beneficiarios del sistema de tarifa social, generando los mecanismos económicos necesarios a tal fin, de manera tal de que el precio del servicio no resulte confiscatorio, abusivo, ni excesivo.

Al mismo tiempo, se exige del Ente Regulador del Gas (ENARGAS) el cumplimiento de la realización de la audiencia pública prevista en la ley 24.076, habida cuenta que dicho recaudo no resultó cumplido regularmente, y tal medida resulta previa a cualquier incremento tarifario que se pretenda.

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