Comunidad mapuche desmiente al diario Clarín

El werken de la Comunidad Mapuche Wefu Wechu, Luis Pilquimán, desmintió al diario Clarín, que el pasado 23 de octubre publicó una nueva mentira en la que sostiene que: “Por un conflicto mapuche, se frena una inversión energética en Río Negro”.

Al respecto, Pilquimán explicó que no existe tal “conflicto mapuche”, sino que se trata del ejercicio de un derecho contemplado en el Convenio 169 de la OIT, en la que se establece que ante cualquier emprendimiento, como el del parque eólico que se proyecta para la zona de Cerro Alto, en la zona Andina de la provincia, se debe concretar una consulta previa, libre e informada a la comunidad originaria de la zona.

Este proceso, que se inició a principios de este año con la comunidad Wefu Wechu, se está llevando a cabo tras un acuerdo con los gobiernos Provincial y Nacional, y con la participación de la Universidad Nacional de Río Negro y el CONICET.

Pilquimán detalló que “hemos acordado el desarrollo de un estudio de impacto cultural, para ello la Universidad Nacional de Río Negro y gente del CONICET está trabajando en la zona, haciendo entrevistas de distintos tipos y se sumó a este informe social y cultural, un aspecto que es el arqueológico, porque nos ilustraron que en la zona hay resquicios de información de 3 mil años, lo que constituye un patrimonio cultural mapuche y de los rionegrinos muy valioso, que según los científicos podría ponerse en riesgo”.

Respecto de la publicación del diario Clarín, Pilquimán consideró que: “Es muy mal intencionada, porque no hubo oposición sino un proceso de consulta y es un derecho que tenemos las comunidades mapuches y que se tiene que llevar adelante”.

En la mentira publicada por Clarín también se hace referencia a que la comunidad habría solicitado dinero a cambio del desarrollo del proyecto. Al respecto, el werken manifestó que “Es otra de las grandes mentiras de Clarín. En ningún momento dijimos dinero si o dinero no, porque se está en un proceso de consulta, que tiene un fin, y una vez finalizado se resolverá que posición la comunidad adopta”.

“Pero si la comunidad, esta u otra, demanda regalías, está en todo su derecho de hacerlo. Que las políticas actuales no tuvieran en cuenta la situación de la comunidad, es otro tema, porque en el derecho internacional se reconoce esta posibilidad de las comunidades originarias”, explicó Pilquimán.

Vale remarcar que el proyecto surgió en el año 2011, sin informar a la comunidad originaria que se enteró de la posible ejecución de la obra luego de la presentación de los estudios de impacto ambiental que hizo la empresa en el año 2016.

Pilquimán indicó que “esta información fue poco conocida, por no decir nada, porque recién en el 2016 o 2017 empezamos a escuchar rumores cuando algunos políticos locales hacían alarde de las inversiones que llegaría a la zona, porque iban a generar 50 megas de energía, y lo primero que dijimos fue que nos iban a dar energía a nosotros, pero no, eso va a la red de alta tensión que pasa por la zona y de ahí a los grandes centros urbanos”.

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